Publicado: 12 de Mayo de 2017 a las 10:02


Los preceptos punitivos en la materia de la seguridad vial están integrados básicamente en dos conjuntos normativos. Por un lado en nuestro Código Penal, que viene a regular las conductas más graves; y por otra, la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Así el artículo 379 del Código Penal que tipifica como delito la conducción de vehículos a motor o ciclomotores a velocidad excesiva y la conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Dispone:

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.”

Por su parte, la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece:

Artículo 12 Bebidas alcohólicas y drogas.

1. No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan.

Tampoco podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 9.

2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta Ley.

(…)”.

Dicho lo anterior, es preciso tratar de diferenciar el delito de la infracción administrativa. Como puede apreciarse en relación con el consumo de alcohol la delimitación es clara: si nos encontramos con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro o de una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro estaríamos ante un ilícito penal. En caso de resultar inferior, la sanción compete a la Administración, tal y como lo recoge el artículo 20 del Reglamento General de Circulación (RGC) que refleja las distintas tasas de alcohol permitidas según las características o cualidades del conductor, estableciendo que los conductores de vehículos a motor y de bicicletas no podrán circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

No obstante, no tan obvia está la diferencia por lo que se refiere a drogas, ya que el código penal habla de “drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas” y la norma administrativa se vincula a la presencia de drogas en el cuerpo, sin precisión de sustancias o cantidades, por lo que la diferencia entre los dos cuerpos normativas resulta simplemente imposible. Por ello, hablemos de deducir que la simple detección de drogas en un control por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado darán pie a una sanción, al menos administrativa, y en su caso también podría dar lugar a la comisión de un delito. Por ello, se habrá, por tanto, de traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el bis in idem, es decir, la imposibilidad de que recaiga la duplicidad de sanciones, penal y administrativa, en los casos en que se produce la identidad objetiva, subjetiva y de fundamento entre ambas por entenderse como una “inadmisible reiteración en el ejercicio “ius puniendi” del Estado”, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1989, de 8 de junio.

Dicho lo anterior, es necesario traer a colación lo que establece el condigo penal en su artículo 383, en donde tipifica la negativa a someterse a las pruebas establecidas para la comprobación de la presencia de alcohol o drogas en el cuerpo. Así referido precepto afirma:

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Por último, cabe traer a colación un aspecto importante del delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, es que el propio tipo penal ya presupone la comisión del delito de conducir bajo los efectos del alcohol. Por ello, es muy probable que si nos negamos a someternos a la prueba de alcoholemia nos imputen, además del delito del artículo 383, el delito del artículo 379.2, y que por ende, la pena que pudiera imponerse fuese mayor.